“Los 4.500 nuevos pisos turísticos que brotaron en Madrid con la final de la Champions”, El País, 21/07/2019, https://elpais.com/tecnologia/2019/06/20/actualidad/1561036037_931983.html
Las viviendas de uso turístico ocupan un papel muy relevante dentro del turismo colaborativo y, por ende, de la economía nacional. No obstante, este recurso presenta ciertos inconvenientes que precisan de una adecuada reflexión y tratamiento. En este sentido, el primero de estos problemas es la ausencia de una regulación de los precios. Lo cierto es que, en muchos casos, se trata de una relación entre particulares en la que, como es sabido, rige la autonomía de la voluntad. Sin embargo, en ciertas situaciones se establecen unas cantidades desorbitadas que pueden desembocar en unas condiciones abusivas. Máxime cuando el prestador del servicio es un profesional y ofrece un contrato de adhesión (como en otros sectores), donde el margen de negociación es muy reducido y en ocasiones inexistente.
Por otro lado, como también se destaca en la noticia, en ocasiones se arrienda una habitación y no la vivienda completa. Este hecho es contemplado en algunas legislaciones autonómicas y establecen una regulación distinta en uno u otro supuesto. Siendo ello así, existen ciertas comunidades que no se han hecho eco de este extremo y no recogen esta circunstancia, aplicándose, en ambos escenarios, idénticas normas. Por lo tanto, sería conveniente que, en la línea de lo señalado, todas las regiones estableciesen una legislación exhaustiva, pues las características de cada situación distan de ser similares.
En otro orden de cosas, como se ha indicado más arriba, las viviendas de uso turístico representan una fuente de ingresos relevante. Desde esta perspectiva, lo más adecuado es que el Estado, en ejecución de su competencia sobre política económica, marcara unas directrices básicas y comunes para todo el territorio. No puede perderse de vista que la dispersión normativa puede afectar a la inversión en este ámbito y, por tanto, a la economía del país. Además, a las legislaciones autonómicas, se han sumado normas municipales que complican, más si cabe, el efectivo conocimiento del Derecho aplicable. Todo ello contrasta con los esfuerzos europeos de armonizar y unificar las legislaciones de los estados miembros. En este sentido, la línea marcada es clara: tratar de aproximar las regulaciones estatales con el fin de establecer unas normativas compartidas.
Lejos de poder encontrarse una solución inequívoca, lo cierto es que la convivencia de diecisiete (en ocasiones, como en este campo, diecinueve) reglamentaciones diferentes es una tarea, cuanto menos, intrincada.